Guerra, guerrillas y derecho en la historia de Colombia
El análisis sobre el conflicto colombiano -tanto el realizado desde fuera, pero probablemente más el elaborado dentro del país-, con frecuencia se hace prescindiendo del pasado, por ejemplo del siglo XIX atravesado por innumerables guerras y conflictos nacionales o locales.
En este sentido es interesante leer el último texto de Luis Javier Ortiz Mesa, profesor en la Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín), publicado en 2004: Fusiles y plegarias: Guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877, el cual parece ser la única obra publicada -junto con Los guerrilleros del novecientos de Carlos Eduardo Jaramillo (1991)- sobre guerrillas en la Colombia decimonónica, pese a que desde las luchas por la independencia su presencia fue asidua en los recurrentes conflictos civiles que caracterizaron su historia.
La simple lectura del libro de Ortiz Mesa permite ver que una serie de prácticas de las guerrillas colombianas en los últimos años y decenios no son nuevas, a diferencia de la imagen superficial y enfocada en la corta duración histórica proporcionada en los grandes medios de información. Veamos: Entre las prácticas habituales de las guerrillas en la guerra civil de 1876-77 en Colombia estuvieron: saqueo y robo en casas y haciendas, cobro de impuestos y peajes, retención de personas y cobro de rescates por ellas, ajusticiamientos y crímenes hoy considerados de lesa humanidad, actos que hoy consideraríamos terroristas -es decir, destinados a propagar el temor en la población-, aparte de las consecuencias derivadas de cualquier confrontación bélica: muertos, destrucción, etc. En fin, las guerrillas "combinaban todas las formas de lucha" según el autor, práctica que llevada a cabo por la insurgencia de izquierda en la segunda mitad del siglo XX fue condenada por la derecha y al menos criticada por alguna izquierda. Pero el partido comunista no fue el único en "combinar todas las formas de lucha" -incluyendo el uso de un brazo armado-, sino que ya mucho antes el partido conservador -en la guerra civil de 1876-77 y en otros momentos- también tuvo su brazo armado (guerrillas y ejércitos regulares).
Por otro lado, dichas prácticas -tanto hoy como ayer- fueron estigmatizadas por los gobiernos y los medios: En 1876-77 las partidas de guerrilleros eran "cuadrillas" para el bando contrario, y no se trataba de guerrilleros o soldados sino de "bandidos" o "subversivos". También para algunos éstos se habían apartado de su ideología, y se dedicaban al negocio de la guerra, ya que como ya hemos dicho entre sus prácticas estaban el saqueo, robo, confiscaciones, cobro de impuestos, etc., con las que engrosaban sus arcas. Igualmente, eran constantes las críticas hacia los crímenes y actos de barbarie realizados contra personas pacíficas y desarmadas.
Pese a la polarización que acompañaba a los conflictos armados, no faltaban las voces que defendían la observancia del Derecho de Gentes y que diferenciaban entre actores beligerantes y simples delincuentes. Para los liberales en el gobierno "desde que la facción o parcialidad domina un territorio algo extenso, le da leyes, establece en él un gobierno, administra justicia, y, en una palabra, ejerce actos de soberanía, es una persona en el Derecho de Gentes" (pág. 160) y por tanto debía ser considerado como beligerante. Acorde con esta distinción, una fuerza beligerante debía recibir un tratamiento diferente a aquellas que no reunieran dichos requisitos. Este principio estuvo en la base de las amnistías expedidas al finalizar la guerra en 1877 como en otras confrontaciones bélicas del siglo XIX colombiano.
A contrapelo de esta tradición, a comienzos de este siglo XXI en Colombia, se ha pasado -bajo el régimen de Uribe Vélez- a desconocer el carácter de beligerantes de las guerrillas, y -para guardar alguna coherencia con lo anterior- se las considera "terroristas" y se niega la existencia misma del conflicto armado.
Lo paradójico de este viraje es que a diferencia de casi todas las guerrillas decimonónicas -algo que se le "escapa" a Ortiz Mesa- la actual insurgencia sí tiene un origen popular (en el sentido que no fue organizada o promovida por los partidos tradicionales o la Iglesia católica). Precisamente, uno de los problemas del texto de Ortiz es privilegiar "el carácter religioso que tuvo la contienda bélica" (pág. 15), por lo cual plantea la tesis que "la guerra tuvo un alto significado de cruzada religiosa" (pág. 26). Mal hace el autor en hablar de "soldados de Cristo" siendo que en realidad eran -más bien- soldados del partido conservador. Un llamamiento como el de "dar en tierra con la oligarquía que nos degrada" (pág. 112) realizado por las guerrillas conservadoras, poco o nada estimulaba a la gran masa de la población para sumarse a ellas, en cuyo caso la lucha sí hubiese adquirido un tono de "cruzada".
